Así se declara de forma oficial que un hallazgo constituye un tesoro

El condado inglés de Devonshire es, probablemente, el lugar más prolífico del mundo en lo que a hallazgo de tesoros se refiere. Sin embargo, para certificar que el hallazgo de unas monedas o unas joyas constituye oficialmente un tesoro, con todo lo que ello comporta, es necesaria la intervención de un juez. El elevado número de hallazgos que ha tenido lugar en Devonshire en los últimos años ha multiplicado las intervenciones judiciales para dirimir los casos.

Como explican desde el blog especializado Gainesville News, este rincón del sudoeste de Inglaterra es el escenario de un elevado número de hallazgos durante los últimos años. Cada uno de estos casos tiene que pasar por sede judicial, donde se encarga de examinarlo un funcionario local, “coroner” en inglés (término equivalente a juez de instrucción, pero que también tiene una acepción que designa a un funcionario encargado de velar por las propiedades de la Corona).

Al funcionario encargado de esta certificación en Devonshire se le está acumulando el trabajo hasta tal punto que, en alguna de las sesiones celebradas en las últimas semanas, ha tenido que verificar una docena de casos o incluso más en un solo día.

Alguno de estos casos se refería a hallazgos que tuvieron lugar en los últimos dos o tres años. Entre ellos, un lote de un centenar de monedas romanas de plata, un anillo de oro medieval y varios brazaletes de la Edad del Bronce.

Este retraso en la certificación de los hallazgos, para determinar si se trata de tesoros da una idea de lo prolífica que es la tierra de Devonshire a la hora de encontrar joyas y monedas escondidas por nuestros antepasados. La mayoría de ellos, además, suele encontrarse a muy poca distancia de la superficie, apenas a unos centímetros bajo tierra.

Según las leyes del Reino Unido, para poder ser considerado como tesoro, un objeto debe tener una antigüedad mayor a 300 años y estar compuesto, al menos, de un 10% de metales preciosos.

Una vez declarado oficialmente como tesoro, los objetos se ponen a disposición de los museos para que lo adquieran. En muchas ocasiones, es el propio British Museum el que adquiere las piezas. Una parte del valor de las piezas se reparte entre el descubridor del tesoro y el propietario del terreno donde se encontró.

Los tesoros en España

En el caso de los hallazgos que tienen lugar en España, el procedimiento es muy diferente. Según la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, existe la obligación legal de comunicar el hallazgo a las autoridades en el plazo máximo de 30 días.

Lo normal es que el destinatario de esta comunicación sea el ayuntamiento al que corresponda el terreno, aunque también se puede hacer por medio de la Guardia Civil, que cuenta con una unidad específica destinada a ello.

A diferencia de la legislación inglesa (que reconoce al propietario de un terreno la propiedad de todos los objetos hallados en el mismo), en España no existe tal derecho de propiedad: todo lo que se encuentra en el subsuelo es propiedad del Estado.

Sin embargo, tanto el propietario del terreno como el autor material del hallazgo tienen derecho a una indemnización que, según establece la Ley, será de la mitad del valor en que se tase el hallazgo, repartido a partes iguales. Es decir, un cuarto a cada uno. Esta proporción se mantiene en el caso de que exista más de un propietario o descubridor.

De la valoración del hallazgo se encarga una comisión formada por expertos de la Real Academia de la Historia.

El problema para los descubridores y propietarios es que, en muchas ocasiones, las administraciones proceden a decretar la expropiación de los terrenos en los que se ha producido el hallazgo, a cambio de una mínima indemnización (muchas veces se valora simplemente el precio del terreno, no de los hallazgos que contiene) y frecuentemente por el procedimiento de urgencia (primero se expropia y luego se indemniza).

Además, varias Comunidades Autónomas han asumido competencias en este sentido, aprobando una legislación incluso más restrictiva que la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha suprimido el derecho de indemnización para los autores de hallazgos casuales.